18 research outputs found

    La seguridad jurídica en el impuesto de renta en Colombia : periodo 2014 a 2020 : el caso de las personas naturales residentes

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    La seguridad jurídica es un principio y un valor fundamental de los Estados de derecho. En Colombia es importante porque es un principio Constitucional y supranacional, y como se sabe, genera en el ordenamiento interno estabilidad, certeza y optimismo para acatar sus regulaciones. En este trabajo se analiza el impuesto de renta de persona natural residente en Colombia, esto es, un impuesto directo, mutable y óptimo para el recaudo fiscal, el cual afecta directamente las finanzas de las personas residentes en Colombia. Se seleccionó el periodo transcurrido entre los años 2014 a 2020, no solo por su actualidad, sino por el alto número de reformas tributarias materializadas en las leyes 1739 del año 2014, 1819 del año 2016, 1943 del año 2018 y 2010 del año 2019, lo que permitiría alcanzar una mejor imagen de la seguridad o inseguridad jurídica. Con el propósito de conseguir mayor rigor investigativo acerca de la seguridad o inseguridad jurídica presentes en este conjunto de reformas, se usó la metodología dogmática a través de la cual se analizaron en forma sistemática las leyes de las cuatro reformas tributarias. En particular, para cada ley se identificó el contenido aplicable para persona natural, se comparó el tipo descriptivo y su respectivo alcance. Luego, mediante la metodología de valoración de la seguridad jurídica de Humberto Ávila se obtuvo el grado seguridad jurídica en el impuesto de renta periodo 2014 a 2020 para persona natural residente en Colombia, para ello se tomaron los tres indicadores (Cognoscibilidad, Calculabilidad y Confiabilidad) y cada indicador se dividió en cuatro subparámetros de la siguiente forma: Cognoscibilidad (Accesibilidad normativa, alcance normativo, comprensión intelectual de las normas, comprensión material de las normas), Calculabilidad (Lex stricta, Lex previa, Transición entre las reformas tributarias, firmeza) y Confiabilidad (Permanencia, tiempo determinado, irretroactividad de la ley, eficacia). La valoración de cada indicador se obtuvo de la sumatoria del resultado de la valoración de sus respectivos subparámetros. La valoración de cada subparámetro se consiguió mediante la calificación de forma cualitativa y cuantitativa. Así las cosas, esta investigación concluyó que la valoración de la seguridad jurídica en el impuesto de renta persona natural en el país, dio como resultado la incertidumbre jurídica entre los años 2014 a 2020, por lo tanto, se generaron efectos directos e indirectos contra los contribuyentes. La permanente mutación atenta contra la seguridad jurídica esperada por las personas naturales, situación que vulnera el derecho del contribuyente con respecto a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la estabilidad y simplicidad del sistema tributario.Legal certainty is a fundamental principle and value of the rule of law. In Colombia it is important because it is a Constitutional and supranational principle, it generates stability, certainty and optimism in the internal order to comply with its regulations. In this paper, the income tax of a natural person residing in Colombia is analyzed, that is, a direct, mutable and optimal tax for tax collection, which directly affects the finances of people residing in Colombia. The period between the years 2014 to 2020 was selected, not only because of its relevance, but also because of the high number of tax reforms materialized in the laws 1739 of the year 2014, 1819 of the year 2016, 1943 of the year 2018 and 2010 of the year 2019. which would allow a better image of security or legal insecurity to be achieved. In order to achieve greater investigative rigor about the security or legal insecurity present in this set of reforms, the dogmatic methodology was used through which the laws of the four tax reforms were systematically analyzed. In particular, for each law the applicable content for a natural person was identified, the descriptive type and its respective scope were compared. Then, through Humberto Ávila's legal security assessment methodology, the degree of legal security was obtained in the income tax period 2014 to 2020 for a natural person residing in Colombia, for this the three indicators were taken (Cognizability, Calculability and Reliability) and each indicator was divided into four sub-parameters as follows: Cognizability (normative accessibility, normative scope, intellectual understanding of the rules, material understanding of the rules), Calculability (Lex stricta, Lex previa, Transition between tax reforms, firmness) and Reliability (Permanence, determined time, non-retroactivity of the law, effectiveness). The assessment of each indicator was obtained from the sum of the result of the assessment of their respective sub-parameters. The assessment of each subparameter was achieved through qualitative and quantitative qualification. Thus, this research concluded that the assessment of legal security in the natural person income tax in the country, resulted in legal uncertainty between the years 2014 to 2020, therefore, direct and indirect effects were generated against the taxpayers. The permanent mutation threatens the legal security expected by natural persons, a situation that violates the taxpayer's right with respect to legal security, due process, stability and simplicity of the tax system

    El procedimiento legislativo : una prueba de la mutación del rango, la fuerza y el valor de la ley en Colombia

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    334 páginasEl objeto de la presente investigación es analizar y sistematizar las etapas que conforman el procedimiento legislativo en Colombia, a través del examen de los principios y de las reglas contenidas en las disposiciones constitucionales y orgánicas, así como del estudio de la jurisprudencia de las altas cortes en la cual se ha fijado el alcance de las mismas. Así pues, el propósito de la investigación se circunscribe a determinar cuáles son las exigencias procedimentales que deben cumplir los parlamentarios para expedir válidamente las leyes, esto es, para que al ser confrontado su procedimiento de elaboración con los requerimientos establecidos para el efecto en el ordenamiento superior, no sean halladas viciadas por la Corte Constitucional debido a errores en su trámite de confección. En este sentido, la tesis que se sostiene es que con la creación de la Corte Constitucional en la Carta de 1991, como un tribunal especializado para el control de la forma en el que se elaboran las leyes, el entendimiento de las normas que contemplan las exigencias para adelantar válidamente el trámite legislativo se ha tecnificado.The purpose of the investigation is to analyze the stages of the legislative procedure in Colombia through the study ofthe principies and the rules of the constitution and the law. The thesis held is that the interpretation of the legislative process has been specializing and specifying because the establishment of the Constitutional Court in the Constitution of 1991.Magíster en DerechoMaestrí

    Sistema de valoración probatoria dentro del trámite administrativo para solicitar la Pensión de Sobrevivientes en la Administradora Colombiana De Pensiones-Colpensiones

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    En el ordenamiento jurídico colombiano han existido dos mecanismos para la valoración de las pruebas, el primero de ellos, el cual se encuentra extinto, es el sistema de tarifa legal o prueba tasada, definido subjetivamente como el valor que específicamente le otorga la legislación a cada una de las pruebas y el Juez solo debe aplicar lo mencionado allí, guardando siempre la lógica entre lo mencionado por el legislador. El segundo sistema es el de la libre apreciación de la prueba o sana crítica, el cual se encuentra vigente en Colombia, este consiste en que el Juez con base en su experiencia, en su análisis, en su lógica y en la ciencia, le otorga un valor a cada una de las pruebas allegadas al proceso en el cual es director. En cuanto a la aplicación de la extinta tarifa legal, la jurisprudencia ha mencionado que no debe aplicarse dentro del ordenamiento jurídico colombiano, ni en los trámites administrativos, pues no debe sobrecargarse a las personas que quieren acceder a la jurisdicción o en el caso concreto de este a alguna prestación económica, a la exigencia de requisitos extras, cuando ya han aportado todo lo solicitado por la entidad, específicamente la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones. Es por todo lo anterior que en este escrito se hará un análisis sobre cuál es el sistema de valoración probatoria que utiliza la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, dentro del trámite administrativo para otorgar o no a la compañera permanente y la cónyuge del afiliado causante la pensión de sobrevivientes cuando ha existido convivencia simultánea. Este estudio se basará en la jurisprudencia de las Altas Cortes colombianas y la doctrina alusiva a los temas que aquí se mencionarán.Universidad Libre de Colombia- Facultad de Derecho- Maestría en Derecho ProcesalIn the Colombian legal system there have been two mechanisms for evaluating evidence, the first of which, which is now extinct, is the legal fee system or assessed evidence, subjectively defined as the value that the legislation specifically grants to each one of the tests and the Judge should only apply what is mentioned there, always keeping the logic between what is mentioned by the legislator. The second system is that of the free appreciation of the evidence or sound criticism, which is in force in Colombia, this consists in that the Judge, based on his experience, his analysis, his logic and science, grants him a value for each of the tests related to the process in which he is the director. Regarding the application of the defunct legal fee, the jurisprudence has mentioned that it should not be applied within the Colombian legal system, nor in administrative procedures, since it should not overload people who want to access the jurisdiction or in the specific case of this to some economic benefit, to the requirement of extra requirements, when they have already provided everything requested by the entity, specifically the Colombian Pension Administrator-Colpensiones. It is for all of the above that in this writing an analysis will be made of what is the probative assessment system used by the Colombian Pensions Administrator - Colpensiones, within the administrative process to grant or not to the permanent partner and the spouse of the affiliate causing the survivors pension when there has been simultaneous cohabitation. This study will be based on the jurisprudence of the Colombian High Courts and the doctrine allusive to the issues that will be mentioned here

    Análisis de la dinámica de los ingresos del impuesto predial unificado - IPU por resguardos indígenas en el departamento del Amazonas (Colombia) como instrumento de gestión ambiental y territorial en el periodo 2000-2017

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    La Investigación busca conocer cuáles fueron las fortalezas, debilidades y oportunidades de las entidades territoriales del Departamento de Amazonas, en la conceptualización, manejo metodológico, gestión y aseguramiento de los recursos del IPU de resguardos indígenas, considerando que: El 95% del territorio está bajo la figura de “Corregimiento Departamental” que no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano y depende directamente de la gobernación; en consecuencia, sólo el 5% del territorio departamental está constituido como municipios siendo Leticia y Puerto Nariño solamente, y en él se localizan 18 de los 27 resguardos indígenas del Departamento; los 18 resguardos constituidos en territorio municipal representan apenas el 19% del área total de resguardos indígenas del departamento, es decir que el 81% restante se localiza en los “Corregimientos Departamentales”; el artículo 317 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que “solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble, además la Ley N° 44 de 1990, se rediseña éste instrumento financiero sobre la propiedad raíz y se fusiona con otros impuestos dando origen al Impuesto Predial Unificado”, señalando en su Artículo 2º. Administración y recaudo del impuesto. Determinó que el Impuesto Predial Unificado –IPU, es un impuesto del orden municipal. Este escenario, sumado a la debilidad institucional para garantizar la continuidad de personal y el mantenimiento adecuado de la memoria institucional sobre los ingresos por IPU; el bajo conocimiento de los procedimientos por parte del personal, en su mayoría contratista, asignado para dichas tareas; el desequilibrio en la estimación del valor a compensar por resguardos indígenas, cuya naturaleza no permite usar avalúos comerciales, pero tampoco incluye la valoración económica de sus bienes y servicios ambientales, han llevado a que, con la información disponible, se establezca que el departamento ha dejado de percibir un promedio anual cercano a mil millones de pesos (1.000.000.000,0/an~o)porxivlosresguardosdelosCorregimientosdepartamentales,conloscualessepodrıˊaatendermuchasdelasnecesidadesbaˊsicasdelaspersonasqueloshabitan.ParaeldesarrollodelpresentetrabajoserecopiloˊinformacioˊnsecundariasobretransferenciasyrecaudodeIPUporresguardosindıˊgenasentre20002017enelMinisteriodeHaciendayCreˊditoPuˊblico,losmunicipiosdeLeticiayPuertoNarin~o,laGobernacioˊndeAmazonasylaAutoridadAmbientalCorporacioˊnparaelDesarrolloSostenibledelSurdelaAmazoniaColombianaCORPOAMAZONIA.IgualmenteseaplicaronencuestassobreconocimientoteoˊricoyprocedimentaldelIPUalpersonaldelasentidadesregionales.Lainformacioˊnacopiadayanalizadapermitioˊestablecer,entreotrascosas:laintermitenciaenlagestioˊny/otransferenciadelosrecursos;lasnotoriasvariacionesenlastrasferenciasdocumentadas;eldesconocimientodeprocedimientosynormas,tantoporquienesgestionan,comoporquienestransfierenlosrecursos,yaquedurantevariosan~osLeticiarecibioˊrecursosporresguardoslocalizadosenlosCorregimientosdepartamentales;ladeˊbilcapacidadinstaladaymemoriainstitucionalsobreelrecaudoderecursopropiosdelosmunicipios;lasignificativacantidadderecursosquedejadepercibireldepartamentoporresguardoslocalizadosenlosCorregimientosdepartamentales;losvacıˊosnormativosyjurıˊdicos,tantoenelordenamientoterritorial,comoenlosprocedimientosparaestimarelmontoacompensarporlosresguardosindıˊgenasdeldepartamentodeAmazonas.TheResearchseekstoknowwhatwerethestrengths,weaknessesandopportunitiesoftheterritorialentitiesoftheDepartmentofAmazonas,intheconceptualization,methodologicalmanagement,managementandassuranceoftheresourcesoftheIPUofindigenousreservations,consideringthat:951.000.000.000,0/año) por xiv los resguardos de los “Corregimientos departamentales”, con los cuales se podría atender muchas de las necesidades básicas de las personas que los habitan. Para el desarrollo del presente trabajo se recopiló información secundaria sobre transferencias y recaudo de IPU por resguardos indígenas entre 2000 - 2017 en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los municipios de Leticia y Puerto Nariño, la Gobernación de Amazonas y la Autoridad Ambiental –Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia Colombiana -CORPOAMAZONIA. Igualmente se aplicaron encuestas sobre conocimiento teórico y procedimental del IPU al personal de las entidades regionales. La información acopiada y analizada permitió establecer, entre otras cosas: la intermitencia en la gestión y/o transferencia de los recursos; las notorias variaciones en las trasferencias documentadas; el desconocimiento de procedimientos y normas, tanto por quienes gestionan, como por quienes transfieren los recursos, ya que durante varios años Leticia recibió recursos por resguardos localizados en los “Corregimientos departamentales”; la débil capacidad instalada y memoria institucional sobre el recaudo de recurso propios de los municipios; la significativa cantidad de recursos que deja de percibir el departamento por resguardos localizados en los “Corregimientos departamentales”; los vacíos normativos y jurídicos, tanto en el ordenamiento territorial, como en los procedimientos para estimar el monto a compensar por los resguardos indígenas del departamento de Amazonas.The Research seeks to know what were the strengths, weaknesses and opportunities of the territorial entities of the Department of Amazonas, in the conceptualization, methodological management, management and assurance of the resources of the IPU of indigenous reservations, considering that: 95% of the territory is under the figure of the “Departmental Corregimiento” that is not part of the Colombian legal system and depends directly on the government; Consequently, only 5% of the departmental territory is constituted as municipalities, being Leticia and Puerto Nariño only, and 18 of the 27 indigenous reservations of the Department are located there; The 18 reservations constituted in municipal territory represent only 19% of the total area of indigenous reservations in the department, that is, the remaining 81% is located in the “Departmental Corregimientos”; Article 317 of the 1991 Political Constitution of Colombia, establishes that “only municipalities may tax real property, in addition, Law No. 44 of 1990 redesigns this financial instrument on real property and merges with other taxes giving rise to the Unified Property Tax ”, indicating in its Article 2º. Administration and collection of the tax. It determined that the Unified Property Tax –IPU, is a municipal tax. This scenario, added to the institutional weakness to guarantee the continuity of personnel and the adequate maintenance of the institutional memory on the income per IPU; low knowledge of the procedures by the personnel, mostly contractors, assigned to such tasks; The imbalance in the estimation of the value to be compensated by indigenous reservations, whose nature does not allow the use of commercial appraisals, but does not include the economic valuation of their environmental goods and services, have led to the fact that, with the available information, it is established that the department has no longer receiving an annual average close to one billion pesos ( 1,000,000,000.0 / year) for xiv the reservations of the "departmental settlements", with which many of the basic needs of the people who inhabit them could be met. For the development of this work, secondary information was collected on transfers and collection of IPUs by indigenous reservations between 2000 - 2017 in the Ministry of Finance and Public Credit, the municipalities of Leticia and Puerto Nariño, the Government of Amazonas and the Environmental Authority -Corporación for the Sustainable Development of the South of the Colombian Amazon -CORPOAMAZONIA. Likewise, surveys on theoretical and procedural knowledge of the IPU were applied to the staff of the regional entities. The information collected and analyzed made it possible to establish, among other things: intermittence in the management and / or transfer of resources; the notable variations in documented transfers; the ignorance of procedures and norms, both by those who manage and by those who transfer the resources, since for several years Leticia received resources from reservations located in the "departmental settlements"; the weak installed capacity and institutional memory on the collection of own resources of the municipalities; the significant amount of resources that the department ceases to receive due to reservations located in the "departmental settlements"; the normative and legal gaps, both in the territorial ordering, and in the procedures to estimate the amount to be compensated by the indigenous reserves of the department of Amazonas

    Fondos regionales de desarrollo productivo: análisis del Sistema General de Regalías (SGR) de Colombia

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    En este documento se analiza la contribución del Sistema General de Regalías (SGR) al desarrollo productivo de Colombia entre 2012 y 2020. En este período, los recursos que dicho Sistema invirtió con este objetivo sumaron aproximadamente 1.800 millones de dólares, en su mayoría canalizados a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI). El documento estudia en profundidad la gobernanza del SGR, a partir de entrevistas semiestructuradas a profesionales de instituciones nacionales, de los departamentos de Antioquia, Tolima y Putumayo, y de los municipios de Yondó, Purificación y Puerto Asís. Entre los resultados más destacados, se observa que la reciente reforma del FCTeI, si bien ha permitido aumentar el número de proyectos presentados y la diversidad de entidades ejecutoras, también ha determinado una pérdida de protagonismo de los gobiernos departamentales. Sobre todo en los departamentos de menor desarrollo, la ejecución de muchos proyectos está a cargo de entidades externas que no necesariamente colaboran con los respectivos gobiernos departamentales y sus políticas de desarrollo productivo. El documento concluye con sugerencias para enfrentar las debilidades detectadas en el funcionamiento del SGR para promover el desarrollo productivo.Resumen .-- Introducción .-- I. Contexto del sistema general de regalías .-- II. Componente cuantitativo. A. Análisis cuantitativo consolidado. B. Análisis cuantitativo del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación .-- III. Componente cualitativo transversal .-- IV. Conclusiones y recomendaciones

    Definition of energy policy and regulation guidelines to encourage demand response mechanisms in the Colombian energy market

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    La política pública es una acción que afecta significativamente a un gran número de personas, por lo que un buen diseño de ésta es clave para lograr los objetivos definidos. El objetivo principal de este documento es definir lineamientos de política para incentivar mecanismos de Respuesta de la Demanda (RD) en el mercado de energía de Colombia y para lograrlo se revisa el estado normativo existente, las propuestas hechas por la Misión de Transformación Energética realizada por el Ministerio de Minas y Energía entre 2019 y 2020 y las experiencias internacionales de países como Alemania, Australia, Chile, EEUU (PJM y CAISO) y Francia; se estudian los tipos de mecanismos para incentivar la RD y se evalúan los impactos de estos mecanismos. De forma adicional se realiza una caracterización de demanda para evidenciar el potencial de RD que tendrían los consumidores y se evalúa el potencial de participación de éstos mediante una encuesta. La expectativa de los consumidores hacia la implementación de mecanismos de RD es alta, ya que esperan tener beneficios en su mayoría relacionados con ahorros en sus consumos, costo de la factura y en mejorar la gestión de estos; es clave que dentro de la política se incluyan lineamientos encaminados a la educación del consumidor, esto con el fin de una mejor aceptación y mayor eficacia de la política.Public policy is an action that significantly affects a large number of people, so it is good design is key. The main objective of this document is to define policy guidelines to encourage Demand Response (DR) mechanisms in the Colombian energy market and to achieve this, the existing regulatory status, the proposals made by the Energy Transformation Mission and the international experiences; the types of mechanisms to encourage DR are studied and the impacts of these mechanisms are evaluated. Additionally, a demand characterization is carried out to show the DR potential that consumers would have and the potential for their participation is evaluated through a survey. The expectation of consumers towards the implementation of DR mechanisms is high, since they expect to have benefits mostly related to savings and bill cost in their consumption and in improving their management; It is key that within the policy guidelines are included aimed at consumer education, this in order to better accept and more effective the policy.Maestrí

    La protección constitucional de la rivalidad en el mercado como interés de las actuaciones administrativas en materia económica

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    89 página

    El principio constitucional de igualdad en materia tributaria en la jurisprudencia oscilante y relevante del Tribunal Constitucional desde 1996 hasta el 30 de junio de 2020

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    La presente investigación es relevante y se encuentra plenamente justificada en la medida que el principio de igualdad cobra particular importancia cuando, específicamente, se analiza si el Supremo Intérprete de la Constitución de un país lo respeta al aplicar la ley a través de las sentencias que emite. En el caso del Tribunal Constitucional peruano se plantea como hipótesis que el principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020 no ha tenido, por parte del Tribunal Constitucional, un desarrollo predictible, congruente, consistente ni coherente. Por ello, se propone como Objetivo principal establecer si el Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera predictible, congruente, consistente y coherente, desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020, el principio constitucional de igualdad en materia tributaria. Como objetivo secundario se considera destacar las oscilaciones manifestadas en criterios disímiles desarrollados y consagrados por el Tribunal Constitucional en casos de relevancia, como investigación exploratoria para un análisis causal jurídico-científico ulterior. Irradia esta investigación la teoría sobre el principio de igualdad en materia tributaria que han desarrollado reconocidos académicos nacionales y extranjeros. La investigación es correlacional, sincrónica, analítica y explicativa, bajo el método de investigación de análisis-síntesis. Los resultados son los esperados ya que se ha podido establecer que el desarrollo, por parte del Tribunal Constitucional, del principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020, en sus jurisprudencias relevanes, ha sido oscilante. Finalmente, la conclusion principal es que el principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020 no ha tenido, por parte del Tribunal Constitucional, un desarrollo predictible, congruente, consistente ni coherente, a tal punto que se han podido aislar varios caso en los cuales, a mi criterio, a través de sus sentencias oscilantes, ha vulnerado el principio de igualdad en la aplicación de la ley

    La protección constitucional del medio ambiente sano en Colombia

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    [ES] Teniendo como referente la Constitución Política de 1991, el derecho al medio ambiente sano, se distingue al ser considerado como un derecho colectivo de “tercera generación” pues fue el interés del constituyente derivado, en incorporar el aspecto ambiental de manera transversal en el ordenamiento superior, al estar relegado este tema en la Constitución de 1886, siendo indispensable en acatar el compromiso del reconocimiento y protección al derecho a gozar de un medio ambiente sano, asumido en la Conferencia de Estocolmo y posteriormente devino en la Declaración de Río, la necesidad de incluir un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente, Colombia entró a la vanguardia de las otras constituciones del mundo al insertar este “nuevo derecho” en más de treinta y cuatro artículos constitucionales lo que según la Sentencia T-411/92, la ha denominado como una “Constitución ecológica, verde o ambiental”, además de ser progresista en sus pronunciamientos. Así las cosas, transitamos dentro del estudio investigativo en un análisis de temas trascendentales como: las categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales del desarrollo del medio ambiente, las acciones constitucionales, el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana y luego concluir, con la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente sano en Colombia. Es en este contexto, donde surge el planteamiento: ¿Cómo puede un derecho de tercera generación que ha sido vulnerado y cuya vía procesal son las acciones populares, acudir a través de la acción de tutela para buscar su protección en sede judicial?. Así las cosas, el estado de la cuestión del presente estudio investigativo, se centró en analizar las diferentes tendencias adoptadas en la protección ambiental por la Corte Constitucional desde el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1991 hasta el día 4 de agosto 2014, iniciando con la Sentencia T-403/92, y finalizando con la Sentencia T-197/14, dada la delimitación del problema de estudio elegido, que permite identificar los supuestos teóricos y jurídicos directamente relacionados con el objeto de investigación, allí se tomó una muestra representativa de 359 pronunciamientos de esa alta Corporación, enfocando nuestro análisis específicamente en las acciones de tutela, sin dejar de lado, las Sentencias de Constitucionalidad, Sentencias de Unificación y Autos, para lograr identificar cinco líneas jurisprudenciales dentro del medio ambiente sano, cuya fluctuación se dio inicialmente como un derecho fundamental, transitó a la teoría de la conexidad, siguió a tener una doble titularidad de los derechos subjetivos y colectivos, posteriormente acogió de nuevo la fundamentalidad pero bajo la preceptiva de instrumentos internacionales y finalmente indicar, la equivalencia en fundamentalidad de derechos y la transversalidad del medio ambiente con los demás derechos prestacionales
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